Así funciona la industria farmacéutica en Colombia (segunda parte)

Author: Anónimo (no verificado) Fecha:Abril 26, 2018 / Etiquetas: medicina, farmacéuticas, drogas

Por Laila Abu Shihab

Este artículo sobre la industria farmacéutica en Colombia empieza en este enlace.

¿Qué hacen los laboratorios farmacéuticos para vender cada vez más medicamentos? ¿Qué tiene que ver eso con el sistema de salud y con lo que prescriben los médicos? Entre estrategias de mercadeo, invitaciones a eventos médicos y aparentes comisiones, las regulaciones del Ministerio de Salud se han endurecido y las mismas empresas y agremiaciones muestran sus intenciones de ser más transparentes. Pero aún quedan muchas dudas. Este reportaje indaga a profundidad el negocio de la industria farmacéutica en Colombia.

¿Esto es una enfermedad?

Una estrategia derivada de la anterior es financiar estudios y congresos de asociaciones médicas para vender ante la opinión pública la idea de que asuntos que hace muchos años eran un momento normal de la vida, ahora son enfermedades y necesitan ser tratadas con fármacos. Según el exdirectivo de la multinacional consultado para este artículo, el síndrome premenstrual y la menopausia son dos claros ejemplos de ello.

Y según Andia, del Programa Salud Visible, otro ejemplo es la fibromialgia. “Hay un gran debate en el mundo sobre si realmente es una enfermedad o no, y mientras tanto hay un mercadeo enorme alrededor del tema. Eso demuestra que la industria farmacéutica no solo hace marketing de un producto, sino también de una patología o supuesta patología”.

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Financiar organizaciones de pacientes

En Colombia existen casi 200 asociaciones que defienden los derechos de los pacientes de distintas maneras: asesorándolos para que le exijan al Estado la protección de sus derechos, ayudándoles con el acceso a medicamentos, tratamientos y dispositivos, y dando a conocer la problemática de enfermedades huérfanas u olvidadas, entre otras cosas.

Las organizaciones de pacientes son como el brazo armado de la industria”, dice un exdirectivo de la farmacéutica multinacional que está en Colombia y pidió omitir su nombre. “La industria muchas veces las crea y, cuando no, les ayuda con su sede o su página web o les paga proyectos específicos, a cambio de que las asociaciones defiendan lo que digan los laboratorios. Por ejemplo, que se necesitan medicamentos de última tecnología para un tratamiento específico o que para tal patología no sirven los genéricos”.

El 27 de abril de 2018, el Ministerio de Salud lanza su Pacto por la Transparencia, para que las organizaciones de pacientes lo firmen de manera voluntaria, declaren públicamente de dónde vienen sus recursos y se comprometan a no ser un instrumento de intereses privados.

Para la directora del Centro de Pensamiento en Medicamentos de la Universidad Nacional esta es la práctica más cuestionable de la industria, pues “manipula la necesidad y el sentimiento” de personas que sufren una enfermedad y tienen todo el derecho de curarse. “Aquí la transparencia no sirve, porque bien pueden poner sobre la mesa que la industria los financia, pero si piden un medicamento más caro para una patología, ¿quién se va a atrever a decirles a los pacientes que elijan el más barato pensando en la sostenibilidad del sistema? Es un dilema muy fuerte y muy delicado”, dice.

Es sabido, por ejemplo, que la industria farmacéutica financió el call center que Pacientes Colombia, una organización que agrupa a 183 asociaciones de pacientes del país, desarrolló en diciembre del 2016 para empoderar a los ciudadanos y resolver sus dudas sobre el MIPRES, la aplicación que el Ministerio puso en práctica para que los médicos prescriban medicamentos que no están en la cobertura del plan básico de servicios de salud, sin necesidad de contar con la aprobación previa de un tercero que ya no existe (comité técnico científico).

También se sabe que la industria farmacéutica en Colombia donó dinero para que la Fundación Rasa (Red de Apoyo Social de Antioquia), una de las organizaciones de pacientes más antiguas del país, montara un completo sitio web en el que en solo 7 pasos y muy pocos minutos, cualquier persona tiene lista para imprimir su acción de tutela contra las EPS.

Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Rasa, reconoce que el aplicativo fue financiado por la industria y afirma que los recursos con los que ofrecen los servicios gratuitos que prestan a los pacientes se consiguen de tres maneras: contratos de prestación de servicios con alcaldías y gobernaciones para realizar, por ejemplo, campañas de prevención de ciertas enfermedades, cooperación internacional, y donaciones privadas que pueden venir de ciudadanos o de empresas, entre ellas, farmacéuticas.

La industria no puede aportar más del 30% de nuestros recursos porque así lo establecen nuestros estatutos y todas las donaciones que hace no tienen ninguna contraprestación a cambio”, asegura Campillo.

Sin embargo, para Andia “no deja de ser sospechoso que los comentarios a cualquier acción del Ministerio de Salud casi siempre sean exactamente iguales tanto en las farmacéuticas como en las organizaciones de pacientes”.

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Lobby en todas partes

En los países donde los sistemas públicos son fuertes, una de las prácticas más comunes de la industria es la negociación directa ante gobiernos y el lobby o cabildeo ante congresos e instituciones nacionales e internacionales de todo tipo.

En Colombia, el lobby en el Congreso es cada vez menos frecuente. De hecho, varios funcionarios del Ministerio de Salud afirman que en los últimos años solo se ha dado con fuerza durante la discusión del artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (que todavía no ha sido reglamentado y propone que los precios de los nuevos medicamentos salgan de una evaluación de su valor terapéutico, en comparación con los productos que ya están en el mercado) y en las dos ocasiones en que el representante a la Cámara por Cambio Radical Hernando José Padauí presentó un proyecto para prohibir los medicamentos genéricos en Colombia (fue archivado ambas veces).

“El lobby en el Congreso es realmente poderoso en la industria del tabaco o en la de las bebidas azucaradas, pero no en la farmacéutica”, dice uno de los funcionarios del Ministerio que conoce bien cómo se mueven esos temas en el Legislativo.

En cambio, es fuerte ante la Presidencia y el Ministerio de Industria y Comercio, donde los laboratorios han alegado riesgos comerciales para el país con la aprobación de distintos mecanismos de control de precios, en una presión que incluso ha llegado a frenar la entrada de Colombia en clubes internacionales tan selectos como la OCDE.

La carta del vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden (durante el mandato de Barack Obama) para presionar al Ministerio de Salud para que no sacara el decreto de medicamentos biotecnológicos y, más recientemente, la carta de un funcionario de la Embajada de Colombia en Estados Unidos que le dijo al ministro Gaviria que había recibido la visita de un congresista de ese país que amenazaba con suspender la entrega de fondos para el posconflicto si Colombia insistía en expedir una licencia obligatoria para bajar el precio de un medicamento patentado, son ejemplos del nivel del lobby de la industria.

Desde el 2013, a través de distintas medidas tomadas por el Ministerio de Salud, como fijar los precios de más de mil medicamentos con base en promedios nacionales e internacionales y hacer grandes compras centralizadas, el sistema se ha ahorrado cerca de 4,2 billones de pesos.

En Colombia ha habido tres intentos por expedir una licencia obligatoria –proceso a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, tras la declaratoria de interés público por parte del Ministerio de Salud–, que es un mecanismo excepcional mediante el cual pueden producirse medicamentos genéricos de un producto patentado, con el requisito de que los laboratorios le paguen unas regalías a la empresa que produjo el fármaco original, que sigue siendo dueño de la patente.

El primer intento fue durante el gobierno de Álvaro Uribe con un medicamento para el VIH/sida, y los otros dos se han dado con el actual ministro Alejandro Gaviria: primero con el imatinib (también conocido por el nombre comercial de Glivec), un medicamento de Novartis para el cáncer, y luego con dos tratamientos para la hepatitis C de distintos fármacos producidos por los laboratorios Gilead y Bristol-Myers Squibb.

La presión de la industria frenó ambos procesos y el Ministerio optó por incluir al Glivec entre los medicamentos sujetos a control de precios, y redujo los costos de los tratamientos contra la hepatitis C a través de una compra centralizada.

Según la directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio, con esas medidas el tratamiento completo de Gilead para la hepatitis C, por ejemplo, dejó de costarle al sistema de salud colombiano cerca de 90 millones de pesos y ahora vale 32 millones. “Sin embargo, la batalla sigue porque ese tratamiento ya tiene genéricos en algunos países y la DNDi lo produce y lo vende a solo 120 dólares”.

El presidente del gremio de las multinacionales afirma que no se opone a la competencia producida por los genéricos, pues muchos de sus laboratorios son grandes productores de esos medicamentos, y dice que tampoco se opone al control de precios, “siempre y cuando se haga bien, con una metodología clara que se actualice cada año y no como se ha hecho en Colombia”.

A lo que sí se oponen con vehemencia en Afidro es a las licencias obligatorias, pues las farmacéuticas consideran que en la práctica son como una expropiación de las patentes que han obtenido después de grandes inversiones y muchos años de trabajo. Y si en Colombia empiezan a aceptarse, asegura Morales, “se sentaría un precedente muy serio de inseguridad jurídica que desincentivaría que lleguen al país nuevos medicamentos que son necesarios e innovadores”.

“Puede que el tratamiento contra la hepatitis C sea caro, pero esos productos lograron que una enfermedad crónica y que podía matarte, ahora sea cosa del pasado gracias a que te tomas 12 pastillas y al otro día puedes salir a correr una maratón si quieres. Ahí debe estar la discusión: ¿cuánto vale eso? Si el gobierno ya redujo el precio del tratamiento a través de la compra centralizada, ¿para qué volver a hacerlo metiéndose con las patentes?”, se pregunta el presidente de Afidro.

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¿Y entonces qué compramos?

Hay que tener en cuenta que el mecanismo de control de precios se aplica solo para las ventas institucionales de la industria farmacéutica en Colombia, no para las comerciales. Eso explica la diferencia que puede encontrar al pedir el mismo medicamento en droguerías separadas por pocas cuadras.

Y no olvidemos otro aspecto, en el que coinciden los expertos y hasta el exdirectivo de la farmacéutica multinacional consultado para este reportaje: hay dos mitos que ha vendido la industria para impulsar las ventas de medicamentos. El primero es que los genéricos y más baratos no son de calidad y el segundo es que los medicamentos nuevos siempre son mejores que los que salieron hace tiempo al mercado.

La directora del Centro de Pensamiento en Medicamentos Información y Poder de la Universidad Nacional es tajante en este punto: “Se ha sacralizado la innovación farmacéutica con la idea de que lo más nuevo y lo más caro siempre es lo mejor, pero la gente debe entender que si tiene el debido registro sanitario y es bueno y barato, pues es dos veces bueno. Esa falta de solidaridad y esa cultura del desperdicio de dinero algún día se nos va a devolver como ciudadanía. Si yo insisto en pedir hoy el medicamento más caro para mi enfermedad, sabiendo que hay uno más barato e igual de bueno, algún día mis nietos no tendrán acceso a eso”.

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Glosario básico: 

Medicamentos genéricos: son los que se producen cuando se vence la patente del medicamento original, gracias a la descomposición de su fórmula química. 

Medicamentos biotecnológicos: son los que se producen con materia prima de seres vivos; generalmente están hechos a partir de moléculas grandes y pesadas, que suelen inyectarse. 

Medicamentos biogenéricos: son los genéricos de los biotecnológicos. Al ser copias de secuencias de ADN, no son exactamente iguales que los originales, pero tienen los mismos efectos terapéuticos. Por eso, la industria farmacéutica se refiere a estos fármacos como biosimilares.

 

Laila Abu Shihab es politóloga, periodista y viajera modelo 1980. Ha trabajado en medios como El Tiempo y La Nación (Argentina), así como en CNN en Español. Hoy es profesora de periodismo e intenta ser escritora. 
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